Negligencias sanitarias y reclamaciones

Con el diagnóstico del cáncer se inicia todo un camino personal y familiar cuyo objetivo es lograr la recuperación y dejar atrás la enfermedad. Desde que aparecen los primos síntomas hasta el diagnóstico definitivo y la elección de la terapia tienen lugar muchos actos sanitarios en los que intervienen diferentes profesionales de la salud. Y a lo largo  del proceso es posible que alguna de esas actuaciones cause algún tipo de daño físico o psicológico (por una información errónea o deficiente, la demora en la atención o el retraso en las pruebas diagnósticas, por ejemplo). Estos problemas producen angustia añadida al paciente y sus familiares, especialmente cuando se enfrentan a ellos solos.

Las imprudencias y los malos comportamientos tienen lugar en todos los ámbitos de la vida, y el mundo sanitario no es ajeno a esa realidad. Afortunadamente, los errores de la atención médica representan un porcentaje pequeño en el conjunto de las prestaciones que recibimos. De hecho, cada día se realizan, sin ningún problema, miles y miles de actos médicos y de enfermería. De hecho, en los últimos años ha habido un aumento importante del conjunto de normas jurídicas que protegen los derechos de los pacientes. Una de estas normas es la que ampara el derecho a la información en toda intervención sanitaria. Esto supone que «cualquier error, daño o mal funcionamiento» en la atención al paciente con cáncer debe ser comunicada al propio enfermo: se trata de un derecho del paciente y también, por supuesto, de un deber del profesional sanitario.

Generalmente, cuando ocurre una negligencia el paciente se encuentra en medio de un proceso de tratamiento o recuperación que le impide, física y psicológicamente, hacer frente al papeleo que supone presentar la pertinente denuncia. Por ello, es frecuente que lo haga una vez que se ha recuperado del cáncer. En el sistema sanitario público, los pacientes tienen un plazo de un año desde la fecha del alta o la estabilización de las secuelas para iniciar el proceso jurídico. En la sanidad privada los plazos son algo más dilatados, pero es conveniente contar con ese período de tiempo para evitar demoras.